En cada esquina de Santo Domingo, Dajabón y San José de Ocoa, hay un vendedor que ofrece lo mismo: cigarros Capital a 5 pesos la unidad. Parece un negocio inocente, pero es una bomba de tiempo que está envenenando a los dominicanos y destruyendo la economía formal. Entre julio de 2024 y julio de 2025, el Estado perdió RD$252 millones en impuestos por el contrabando de cigarros, pero el daño real es mucho mayor: estos productos no cumplen con los estándares de salud, financian redes criminales y están corroyendo el tejido social del país.
El problema no es solo económico. Los cigarros de contrabando, especialmente la marca Capital (que representa el 68% de las incautaciones), contienen niveles peligrosos de alquitrán y nicotina. «Son un veneno barato», advierte el doctor José Núñez, neumólogo del Hospital Luis Eduardo Aybar. «Los pacientes que fuman estos cigarros desarrollan enfermedades pulmonares más rápido que los que fuman marcas legales». Pero el peligro no termina ahí: estos productos no pasan por ningún control de calidad, lo que los convierte en un riesgo para la salud pública.
El contrabando es un negocio millonario que opera con impunidad. En la segunda mitad de 2024, el Ejército incautó 7.2 millones de unidades de Capital, y en los primeros siete meses de 2025, la cifra llegó a 5.8 millones. Pero estas cifras son engañosas: el Ceccom reporta 42.5 millones de cigarros decomisados en el mismo período. La diferencia de 15 millones de unidades no es un error, sino la prueba de que el contrabando es un monstruo con muchas cabezas. «Por cada camión que atrapamos, pasan diez», admite un oficial del ERD. «Los contrabandistas usan vehículos con falsos compartimentos, motocicletas cargadas, y hasta ambulancias para transportar la mercancía».
Las rutas del contrabando son un mapa de la impunidad. Los cigarros entran por Panamá y Haití, y desde allí se distribuyen por tierra y mar. En Dajabón y Valverde, la 4ta Brigada de Infantería incautó 7.9 millones de unidades. En Elías Piña y San Juan, la 3era Brigada decomisó 3.5 millones. Pero el verdadero problema no son las cifras, sino quién está detrás. «Este no es un negocio de pequeños vendedores», explica un fiscal. «Es un sistema organizado, con conexiones en las aduanas, la policía y el poder político».
El impacto en la economía legal es devastador. Las 20 marcas extranjeras que entran de contrabando (provenientes de China, India, Francia y otros países) compiten deslealmente con los productos nacionales, que pagan impuestos y cumplen con las regulaciones. «Es una estocada mortal al sector formal», advierte Víctor «Ito» Bisonó, ministro de Industria y Comercio. «Por cada cajetilla de contrabando que se vende, dejamos de recaudar 50 pesos en impuestos. Multiplíquelo por millones de cajetillas, y verá el tamaño del desastre».
El gobierno ha lanzado campañas como «Si vendes cigarrillos ilegales puedes buscarte un lío feo», pero los resultados son insuficientes. La Ley 17-19 establece multas severas y penas de hasta cinco años de prisión para los contrabandistas, pero la aplicación es selectiva. «Detenemos a un vendedor callejero, pero los grandes distribuidores siguen operando», denuncia un agente del Ceccom. Mientras tanto, el contrabando sigue creciendo. «Es un negocio sin riesgo», admite un vendedor. «Si me decomisan, pierdo solo lo invertido. Si no, gano el triple».
Lo más preocupante es que este problema no tiene solución a la vista. Las autoridades hablan de operativos, pero el contrabando sigue floreciendo. «Es como un cáncer», explica un economista. «No solo destruye la economía formal, sino que envenena a la población y financia el crimen organizado». En un país donde el 40% de la población vive en pobreza, el contrabando de cigarros no es solo un delito: es un sistema económico paralelo que desafía al Estado. Y mientras las autoridades discuten cifras, los dominicanos siguen fumando Capital, sin saber que cada calada los está envenenando dos veces: físicamente y económicamente.
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