Santo Domingo, República Dominicana — En un giro inesperado dentro de uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años, el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas Guerrero, logró evitar la acción penal al devolver RD$20 millones al Estado dominicano y colaborar activamente con las autoridades. La decisión de la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, no solo marca un precedente en la lucha contra la impunidad, sino que también revela las entrañas de una estructura de corrupción que involucra a exministros y altos funcionarios.
Un acuerdo que recupera fondos públicos Chalas Guerrero, quien enfrentó acusaciones por su participación en un esquema de cobros irregulares a bancas de apuestas ilegales, entregó al Estado RD$17 millones en cheques certificados y dos vehículos de alta gama (un Audi Q7 2014 y un Volvo XC90 2019), valuados en RD$3 millones. Estos recursos fueron depositados en la cuenta PGR-Incautaciones Pepca, como parte de un acuerdo que le permitió quedar libre de cargos penales, amparado en los artículos 370 y 44 del Código Procesal Penal, que permiten la extinción de la acción penal cuando el imputado colabora de manera decisiva con la justicia.
La confusión de un sistema corrupto Durante su declaración, Chalas Guerrero reveló detalles escalofriantes sobre cómo operaba la red de corrupción. Admitió que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, estaba al tanto de los pagos mensuales que oscilaban entre RD$3,000 y RD$6,500 a las bancas ilegales, a cambio de permitirles operar sin regulación. Según su testimonio, en un momento se intentó desmantelar esta «estructura mafiosa», pero tras una caída en las recaudaciones, Guerrero ordenó restablecerla, demostrando la complicidad en los más altos niveles del Gobierno.
«En una ocasión, hablé con Donald Guerrero sobre la necesidad de detener esto, y él estuvo de acuerdo. Pero luego, cuando bajaron las recaudaciones, me dijo que había que volver a como estaba antes», declaró Chalas Guerrero ante el tribunal, dejando en evidencia la fragilidad de las intenciones de reforma dentro de un sistema viciado.
El costo de la corrupción: Miles de millones desviados Este caso no es aislado. Chalas Guerrero es solo una pieza en un rompecabezas más grande que involucra a figuras como el exministro y excandidato presidencial Gonzalo Castillo, el exministro de la Presidencia José Ramón Peralta, y el propio Donald Guerrero, todos acusados de participar en una red que desvió miles de millones de pesos del erario público. El Ministerio Público ha señalado que los criterios de oportunidad —como el aplicado en este caso— son herramientas clave para recuperar recursos y desmantelar estructuras corruptas, especialmente cuando la colaboración de los implicados aporta pruebas contundentes.
¿Justicia negociada o paso hacia la transparencia? La resolución judicial ha generado debate. Por un lado, se celebra la recuperación de RD$20 millones y la obtención de información valiosa para avanzar en el caso. Por otro, algunos sectores cuestionan si este tipo de acuerdos —que permiten a los implicados evitar prisión a cambio de colaboración— no terminan siendo una puerta trasera para la impunidad.
Sin embargo, el Ministerio Público defiende que estos mecanismos son necesarios para desarticular redes complejas de corrupción, donde la colaboración de los implicados puede ser determinante para llegar a los verdaderos cerebros de las operaciones ilícitas.
Un mensaje claro: La corrupción tiene consecuencias Aunque Chalas Guerrero queda libre de acción penal, su caso envía un mensaje contundente: la justicia dominicana está dispuesta a negociar con quienes colaboren, pero también a perseguir sin tregua a quienes se resistan a devolver lo robado. Mientras tanto, la investigación continúa, y los ojos están puestos en los exministros implicados, cuya responsabilidad podría ser mucho mayor.
Conclusión: Un pequeño paso en la lucha contra la impunidad La devolución de RD$20 millones y la colaboración de Chalas Guerrero son un avance, pero también un recordatorio de lo mucho que falta por hacer. En un país donde la corrupción ha sido un cáncer sistémico, casos como este demuestran que, aunque la justicia puede ser lenta, no es imposible. La pregunta ahora es: ¿Logrará el sistema judicial llegar hasta las últimas consecuencias, o este será otro caso que quede en el olvido?
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