Decenas de choferes afiliados a la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) se manifestaron este miércoles frente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para exigir al Gobierno que mantenga el subsidio a los combustibles, bajo la advertencia de que su eliminación obligaría a aumentar el pasaje urbano de RD$35 o RD$40 a RD$90, y el interurbano hasta RD$200. Aunque el Gobierno no ha confirmado oficialmente la supuesta eliminación del subsidio, el presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo, denunció que «desaprensivos» estarían asesorando al presidente Luis Abinader para eliminar la compensación que ha permitido mantener los precios del transporte accesibles. «Hay personas que han estado torpedeando ese acuerdo porque parece que lo desconocen o quieren desasosiego en la familia dominicana», declaró Quevedo, quien insistió en que el subsidio es vital para evitar un colapso en el sistema de transporte público.
Los transportistas argumentan que el subsidio al combustible, implementado a través de programas como el Bonogás, ha sido fundamental para mantener el pasaje en niveles asequibles para la población, especialmente en un contexto de alta inflación y aumento del costo de vida. Quevedo explicó que, sin este apoyo, el costo real del pasaje debería ser de RD$90 en rutas urbanas y hasta RD$200 en trayectos interurbanos, debido al alto precio de los combustibles y los costos operativos del sector. «Si el pasaje cuesta 90 pesos y nosotros cobramos 35 o 40, eso quiere decir que hay una gran cantidad de dinero que debe ser subsidiado o respaldado por alguna entidad, y el Estado ha estado cumpliendo con esa parte dando el Bonogás o una cantidad de combustible», afirmó el dirigente, quien advirtió que la eliminación del subsidio tendría un impacto devastador en la economía de miles de familias que dependen del transporte público para movilizarse.
Durante la protesta, los choferes, portando banderas de Unatrafin y coreando consignas como «¡Queremos subsidio!», exigieron una respuesta clara del Gobierno sobre el futuro de este beneficio. Quevedo reveló que, tras varias reuniones con funcionarios del Intrant, los transportistas solicitaron una comunicación formal sobre el estatus del subsidio, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta oficial. «Hemos venido en varias ocasiones, hemos entregado documentos, hemos pagado los impuestos correspondientes, pero no nos dan una respuesta concreta. Solo nos dicen que nuestras licencias no están en regla, pero aquí están los papeles que demuestran lo contrario», declaró el líder gremial, mientras mostraba los documentos de licencias de operación que, según él, acreditan la legalidad de los sindicatos afiliados a Unatrafin.
Uno de los manifestantes, José Manuel Genao, chofer de la ruta Bávaro–Punta Cana, denunció que el Intrant les ha informado que los sindicatos afiliados a Unatrafin no poseen licencias de operación, una afirmación que los transportistas desmintieron al exhibir los documentos legales que respaldan su actividad. «Aquí están todas las licencias de operaciones de las compañías que se convirtieron en empresas SRL, como establece la Ley 63-17. Luego vinimos al Intrant, pagamos los impuestos y obtuvimos las licencias de operación», afirmó Genao, quien cuestionó la falta de transparencia del organismo regulador. La protesta, que se desarrolló con presencia militar para mantener el orden, culminó con la entrada de una comitiva de 20 choferes a una reunión con el director del Intrant, Milton Morrison, aunque los detalles de lo discutido no trascendieron de inmediato.
La amenaza de aumentar el pasaje a RD$90 ha generado alerta en la población, que ya enfrenta un contexto económico difícil, con altos precios en los combustibles y una inflación que erosionan el poder adquisitivo. Los transportistas advirtieron que, de no recibir una respuesta satisfactoria del Gobierno, se verían obligados a tomar medidas más drásticas, como paros de transporte, que podrían paralizar el país y afectar a millones de usuarios. Mientras tanto, el Intrant y el Gobierno guardan silencio sobre el tema, lo que ha aumentado la incertidumbre y la tensión en el sector. La situación refleja un conflicto latente entre los transportistas y las autoridades, donde la falta de diálogo y la desconfianza podrían desencadenar una crisis en el sistema de transporte público, con consecuencias graves para la economía y la movilidad en el país.
About The Author
