Expulsión del obispo Carlos Herrera y escalada represiva en Nicaragua
El gobierno de Daniel Ortega continúa su ofensiva contra la Iglesia Católica en Nicaragua, expulsando al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en un acto que agrava las tensiones entre el régimen y el clero. Monseñor Herrera, quien lideraba la diócesis de Jinotega desde 2021, fue desterrado a Guatemala. Según informes, ingresó a territorio guatemalteco mediante un vuelo comercial sin solicitar asilo político, aunque el contexto de su expulsión genera preocupación en círculos religiosos y de derechos humanos.
Una nueva víctima de la persecución religiosa
La expulsión de Herrera lo convierte en el tercer obispo desterrado por el régimen de Ortega, sumándose a Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, e Isidoro Mora, obispo de Siuna. Ambos estuvieron encarcelados antes de ser acogidos en Roma. Según medios exiliados y opositores, Herrera fue castigado por criticar el ruido generado por una actividad organizada por la alcaldía de Jinotega, mientras él celebraba misa en la catedral local.
El gobierno nicaragüense no ha emitido declaraciones oficiales sobre estas acusaciones. Sin embargo, líderes religiosos y figuras internacionales calificaron el acto como una muestra más de la persecución contra la Iglesia Católica.
Contexto de la represión eclesial
Desde las protestas de 2018, el régimen de Ortega acusa a la Iglesia de respaldar lo que consideran un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Según la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, más de 50 líderes religiosos han sido desterrados desde entonces, y otros 35 fueron despojados de su nacionalidad.
“Esto es un atropello a la libertad de culto”, declaró José María Tojeira, portavoz de los jesuitas en América Central. La Fundación para la Libertad de Nicaragua también condenó la acción, llamando a la comunidad internacional a intervenir.
Confiscaciones y control sobre la Iglesia
En paralelo, el gobierno ha confiscado propiedades de organizaciones religiosas bajo el pretexto de regular las actividades de las ONG. Según informes, más de 5,600 organizaciones han sido clausuradas desde el endurecimiento de las leyes en Nicaragua.
El exaspirante presidencial Félix Maradiaga denunció que las redes sociales de la diócesis de Jinotega fueron suspendidas tras las declaraciones de Herrera contra la alcaldía local. Para Maradiaga, este es un intento deliberado de silenciar las críticas y controlar la narrativa pública.
Escalada de la persecución a la prensa
El caso de Monseñor Herrera no es aislado; la represión también alcanza a periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció la reciente detención de Elsbeth D’Anda, periodista del Canal 23, por informar sobre el aumento de precios en la canasta básica. Según testigos, su arresto fue llevado a cabo de manera arbitraria, sin una orden judicial, y las autoridades confiscaron sus equipos de trabajo.
Desde 2018, al menos 278 periodistas han salido del país, buscando refugio en otras naciones ante la constante amenaza del gobierno. La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) subraya que esta persecución ha incrementado tras las protestas masivas que dejaron más de 300 muertos.
Conclusión
La expulsión de Monseñor Herrera y el hostigamiento a la prensa reflejan la profundización del autoritarismo en Nicaragua. La comunidad internacional se enfrenta al reto de intervenir ante lo que expertos de la ONU han calificado como crímenes de lesa humanidad, mientras el régimen de Ortega refuerza su control sobre todos los sectores críticos de la sociedad.
Por: Francisco Núñez, franciscoeditordigital@gmail.com.
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