Entre las entidades están Edesur, la CAASD, Salud Pública, el Idac y Edeeste.
Quince instituciones públicas firmaron este martes el Pacto de Interoperabilidad para la Seguridad Pública, con el cual podrán identificar y compartir información respecto a personas buscadas por las autoridades que acudan a a ellas a solicitar un servicio.
«Estamos hablando de que con este acuerdo marco ninguna persona prófuga, rebelde o condenada podrá solicitar un trámite o un servicio en alguna de estas instituciones sin que esto produzca una alerta, haciendo cada vez más efectiva la persecución del delito», manifestó Miriam Germán Brito, procuradora general de la República.
Bartolomé Pujals, quien es director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y coordina el Gabinete de Innovación, indicó que en esta primera fase las 15 entidades quedan integradas a través de la plataforma X-Road.
«Entre ellas se pueden consultar hasta 20 servicios para consulta de datos como licencias de conducir, datos de pasaportes extranjeros y licencias de porte de armas. Además, 11 instituciones están habilitadas para emitir alertas sobre personas de interés directamente a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional», explicó Pujals.
Contó que en el pasado, estas instituciones tendrían que ser consultadas de forma manual, vía cartas, llamadas u otro mecanismo para compartir información de interés público.
Con la nueva herramienta, cualquier información de interés es consultada y transmitida de forma instantánea, en algunos casos, a través de mecanismos de alerta generada de forma automática.
Todas estas instituciones están ya interconectadas directamente con los agentes de seguridad para alertarlos sobre personas en conflicto con la justicia, atraparlos y evitar su salida del país.
En una segunda fase, que se espera culminar el 18 de octubre del año presente 2024 incluirán a otras entidades.
Las autoridades esperan que esta herramienta ayude en la prevención y persecución estratégica del crimen.
Todas las instituciones participantes deberán implementar medidas rigurosas de verificación y validación de datos, asegurando que la información utilizada sea siempre exacta y relevante.
Además, contempla la confidencialidad de la información, empleando protocolos de seguridad avanzados, como el cifrado de datos y el control de acceso, para proteger la información sensible y evitar filtraciones.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en el salón Verde del Palacio Nacional, en presencia del presidente Luis Abinader.
Balbiery Rosario
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