El gobierno de Luis Abinader presentó esta semana un informe que destaca los avances logrados durante su gestión en áreas como salud, seguridad, educación y economía. Según el documento, la esperanza de vida aumentó a 75.1 años, la mortalidad infantil disminuyó un 30.8%, y la cobertura de seguridad social creció un 110%. Además, se resalta que la tasa de homicidios cayó a 8.3 por cada 100,000 habitantes, gracias a estrategias como «Garantía de Paz» y la incorporación de 4,000 nuevos agentes policiales. Sin embargo, mientras el gobierno celebra estos logros, muchos dominicanos se preguntan si estos avances se traducen en una mejora real en su vida diaria, o si solo representan un progreso en el papel que no llega a los sectores más vulnerables.
En el ámbito económico, el informe destaca que el PIB per cápita aumentó un 34.16% desde 2019 y que la inversión extranjera superó los $4,523 millones. «El país está en su mejor momento», declaró Félix Reyna, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental. Pero economistas como Mu-Kien Adrián Sang Ben advierten que, aunque las cifras son positivas, la desigualdad persiste. «El crecimiento no ha sido inclusivo», señala Sang Ben, quien destaca que el 10% más rico ha visto aumentar sus ingresos en un 40%, mientras que el 40% más pobre solo ha mejorado un 8%. Esto se refleja en el costo de vida, que sigue siendo un problema para la mayoría de los dominicanos, especialmente en ciudades como Santo Domingo y Santiago, donde los precios de los alimentos, el transporte y la vivienda han aumentado significativamente.
En salud, el gobierno resalta que la cobertura de seguridad social creció un 110%, lo que ha permitido que más personas tengan acceso a medicamentos gratuitos. «Ahora mi mamá recibe tratamiento para su diabetes sin pagar», cuenta María Fernández, una residente de Los Mina. Sin embargo, en zonas rurales como Pedernales o Monte Plata, muchos aún enfrentan falta de especialistas y equipos médicos obsoletos. «Aquí seguimos con los mismos problemas», critica Juan Pérez, un agricultor que perdió a su hermano por una apendicitis mal atendida en 2023. Esta dualidad entre el discurso oficial y la realidad genera desconfianza entre los ciudadanos, quienes ven cómo los avances no llegan de manera equitativa a todas las regiones.
En seguridad, el gobierno celebra la reducción de la tasa de homicidios a 8.3 por cada 100,000 habitantes, así como la disminución de los feminicidios. «Ahora me siento más segura», comenta Ana Martínez, una comerciante de Villa Juana. Pero en barrios como Capotillo o Cristo Rey, los residentes señalan que la delincuencia común sigue siendo un problema. «Los homicidios bajaron, pero los robos siguen igual», dice Luis Gómez, un taxista que ha sido víctima de varios asaltos. Esta percepción de inseguridad contrasta con las cifras oficiales y refleja una realidad más compleja, donde la violencia no se mide solo en homicidios, sino en la inseguridad cotidiana que afecta a los ciudadanos.
En educación, el informe destaca que 4.5 millones de niños y jóvenes se han beneficiado de programas ampliados. «Mi hijo ahora tiene clases de programación», cuenta Elena Rodríguez, madre de un estudiante de Santo Domingo Este. Sin embargo, muchos profesores denuncian falta de recursos y aulas superpobladas. «Nos piden que formemos a los estudiantes para el futuro, pero no nos dan las herramientas», se queja José Santana, un maestro de San Cristóbal. Además, en zonas rurales, muchos niños aún estudian en condiciones precarias, lo que evidencia que, aunque hay avances, la brecha educativa sigue siendo un desafío.
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